Mueven paletas, evalúan la calidad, empacan y distribuyen. Caminar por los pasillos del Banco de Alimentos de Puerto Rico es ver a un grupo de trabajadores que comprenden la magnitud de un problema que una gran parte de la población de la isla ignora: el hambre.
El pasado año, uno enmarcado por las emergencias provocadas por los temblores en el sur y el inicio de la pandemia por COVID-19, esa entidad repartió casi 12 millones de libras de alimentos.
Puerto Rico permanece en una situación de vulnerabilidad, pues el 90 por ciento de los productos, tanto comestibles como de uso, son importados, principalmente de Estados Unidos, una de las razones por las que la presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico, Denise Santos, advirtió que es apremiante que en la isla se pongan en marcha medidas que saquen a los habitantes de la pobreza y de la inseguridad alimentaria.
Precisamente, la emergencia de salud fue un evento que reiteró para esa entidad que la necesidad alimentaria es una realidad, cuando unas 320,000 personas trabajadoras perdieron sus empleos o fueron suspendidas.
“Muchas de esas familias estuvieron más de seis meses sin recibir ingresos y eso, en un Puerto Rico que vive de cheque a cheque, termina en que muchas de estas familias tenían sus neveras vacías. Durante esa época el cuadro telefónico del Banco de Alimentos se cayó por la cantidad de llamadas que recibimos”, explicó Santos.
En su mayoría, de acuerdo con la directora, las personas trabajadoras que se comunicaron durante la pandemia manifestaban que nunca imaginaron que tendrían que recurrir a ese tipo de asistencia.
Esa emergencia, la más reciente de una cadena de eventos que afectan a Puerto Rico desde el huracán María en el 2017, de alguna manera, pudiera considerarse un ensayo para un evento mayor, por ejemplo una escasez de suministros, una realidad que ha comenzado a desarrollarse mundialmente ante la falta de mano de obra, materia prima y transporte de inventario.
“Cualquier cosa, cualquier ‘hipo’ que le dé a los muelles crea una enfermedad severa en Puerto Rico. Ahora mismo lo estamos sintiendo porque tienes el problema del descargue de los contenedores que vienen de afuera para distribuirse (en el oeste de los Estados Unidos), pero tienes todo el resto de los puertos con una escasez de empleados brutal. Puerto Rico está sufriendo una situación que ha sido advertida por muchos años”, describió la directora.
Podrían apoyar a sus participantes como máximo cuatro semanas
El Banco de Alimentos es una institución que distribuye comida a poblaciones o comunidades específicas que viven situaciones de hambre o carencia, principalmente envejecientes, madres solteras y niños. Este trabajo lo realizan a través de unas 173 agencias adscritas a la red.
El 70 por ciento de los alimentos que reparten son provenientes de donativos, el restante 30 por ciento surge de compras de la organización para programas específicos (como Mochila Alegre) y otros del Departamento de Agricultura Federal (USDA, por sus siglas en inglés).
Ante el peor de los escenarios, si se interrumpiera la entrada de productos comestibles a la isla, el Banco solo podría apoyar a sus participantes durante un estimado de cuatro semanas.
“Si paráramos el recibo de alimentos, te diría que (podríamos suplir) unas tres o cuatro semanas a lo sumo. El Banco de Alimentos es un almacén, es una alacena, pero nuestro rol no es almacenar, es recibir y distribuir. Nuestro objetivo es mover ese producto lo más rápido posible”, resaltó Santos a la vez que estimó que la inestabilidad en los muelles de Estados Unidos pudiera ser un evento que se extienda, como mínimo, durante un periodo de seis meses.
Esa entidad recibe donativos de comercios e instituciones que también dependen de la cadena de distribución, entre ellos, megatiendas, supermercados, manufactureras y agencias como la Administración de Familias y Niños (ADSEF).
Santos expuso como un punto de referencia la carencia de suministros que vivió la isla cuando en el 2015 ocurrió el hundimiento de la embarcación El Faro a causa del huracán Joaquín, evento que provocó una escasez de suplidos en las góndolas por lo menos durante 20 días.
El hambre es, en parte, un efecto del “sistema”
Durante el año fiscal 2020-2021, el Banco de Alimentos brindó asistencia a 2.5 millones de personas, entre ellos: 144,483 niños, 78,939 adultos mayores y fueron repartidas 1,074 paquetes del proyecto “Mochila Alegre”, iniciativa que distribuye alimentos a niños en edad escolar para que puedan tener alimentos en sus hogares durante el fin de semana, cuando no tienen acceso a los comedores escolares.
En la isla, de acuerdo con datos de instituciones como el Instituto para el Desarrollo de la Juventud (IDJ), seis de cada diez niños en la isla viven en situación de pobreza y, de esos seis, cuatro viven en pobreza extrema, estadísticas que para Santos son inaceptables.
“La inseguridad alimentaria está muy presente en Puerto Rico. Contrario a lo que la gente piensa, Puerto Rico es un país pobre. Hay que salir de los expresos y tirarnos a los campos para ver la verdadera realidad del Puerto Rico que vivimos. Lamentablemente, aún con todos los programas de asistencia gubernamental que recibe nuestra población, no es suficiente ni para cubrir a la población que los necesita… Es un poco una falacia el que se diga que en Puerto Rico las familias reciben mucho dinero y que no saben cómo utilizarlo”, apuntó.
Sin embargo, además de la pobreza y la necesidad económica, la observación de Santos es que la situación de inseguridad alimentaria responde a un problema “del sistema” (gubernamental y económico).
“El problema es que el sistema está hecho para que la gente no salga de la pobreza. Tenemos a estas personas que tratamos de hacerlas emprendedoras, muchas jefas de familia. Les ayudamos a abrir sus negocios y lo primero es que se les bombardea con un montón de solicitudes de permisos… Finalmente, cuando tienen su negocio —muchas veces, si viven en un residencial— les dicen que tienen que mudarse porque tienen más ingresos de lo que les permite la ley. Esa persona pierde los beneficios del plan de salud y del PAN”, apuntó Santos a la vez que explicó que el problema con esas situación es que a estas personas se les “penaliza” retirándole los beneficios sin haber logrado estabilizarse económicamente, razón por la que muchas veces estas personas regresan a la dependencia.
¿Qué hace falta para resolver el problema? ¿Crear otros bancos de alimentos?
“Yo no creo que haya que crear otros bancos de alimentos. Hay que crear una infraestructura social que permita que la gente salga de la pobreza. Tenemos que volver a fortalecer la clase media. Hace 30 años en Puerto Rico había una clase media que creía en el trabajo, que tenía su propia casa, que tenía niveles altísimos de educación y verdaderamente tenían para cubrir sus necesidades básicas”, reflexionó Santos.
Como una iniciativa para encaminar a la isla en esa dirección, esa entidad sin fines de lucro destinó fondos de un donativo de $2 millones de la filántropa Mackenzie Scott para propuestas alrededor de la isla. Entre ellas, en la zona este, apoyan al grupo Agro Imperio Corp que impacta a los pueblos de Yabucoa, Maunabo, Humacao, Las Piedras y Carolina. Asimismo, tienen proyectos alrededor de toda la isla.
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