La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado celebró, el miércoles, una vista para atender las preocupaciones de las comunidades sobre el impacto ambiental y el estatus de los permisos de varios proyectos que se desarrollan en pueblos como Corozal, Aguadilla y Humacao.
Entre ellos, las senadoras Ana Irma Rivera Lacén, presidenta de la Comisión y la senadora por el distrito de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, indagaron sobre el proceso de otorgamiento de permisos y el inicio de trabajos en terrenos aledaños a la reserva natural de Humacao y que están planificados para convertirse en la finca agroturística Pollito Pío LLC.
La bióloga marina Lesbia L. Montero Acevedo, en representación de la comunidad de Punta Santiago, desglosó el impacto ambiental de ese proyecto sobre los terrenos de la Reserva Natural Efraín Archilla Diez.
“Las aguas de escorrentías drenan hacia el sistema de lagunas tanto hacia el norte, como al sur del proyecto. De continuar el proyecto, uno de los impactos más críticos, sería la contaminación y calidad de agua de las lagunas. La sedimentación de las aguas, el exceso de nutrientes en el agua y la mortandad de peces. Además, el establecer un zoológico con fines de investigación y el mantener animales en cautiverio para usos turísticos y comerciales, causaría impactos significativos y contaminación del agua, procedente, sobre todo, de los desechos de los animales, antibióticos y hormonas. Estos pueden causar problemas a la salud ambiental, humana y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los altos contenidos de nitratos” , apuntó.
Además, la bióloga alegó que mientras se dilucida quién toma responsabilidad por el daño ambiental en la reserva, continúan los trabajos en los predios que, según reiteró, cuentan con una orden de cese y desista del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
“Exigimos que el DRNA tome acción inmediata contra este desarrollador y toda persona que viole las leyes y reglamentos ambientales. Basta ya de pasarle la mano a los violadores y dejar pasar el tiempo para tomar las acciones pertinentes”, exigió la portavoz.
“Ya la reserva natural ha sido impactada por los movimiento de corteza terrestre que han realizado en los predios del proyecto. Se observan problemas de erosión mediante escorrentías por la lluvia”, indicó.
En contraste con lo anterior y en representación del proyecto y de su proponente, la directora ejecutiva de la Asociación de Agricultores, Vanessa Piñeiro Solano, defendió las supuestas medidas remediativas que ha tomado el proyecto para mitigar los impactos ambientales. Además, explicó que las actividades que se realizan en los predios, localizados en la carretera PR-3 están autorizadas bajo la Ley 140 del 2015.
“Desde su concepción, como es obvio, este plan integra prácticas de conservación de suelo para controlar escorrentías y evitar la erosión de este recurso. Además, incluye áreas de amortiguamiento como vegetación para proteger la reserva natural adyacente”, aseguró.
La directora, además, debatió el señalamiento de que el proyecto comenzó a operar sin permisos de otras agencias, como sería el caso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), al destacar que el permiso cuenta con el respaldo del Departamento de Agricultura.
“La ley 140 del 2015, en adelante, faculta al secretario de Agricultura para emitir permisos para la ejecución de prácticas agrícolas que conllevan movimiento de corteza terrestre. Este estatuto establece la norma especialísima aplicada a los proyectos agrícolas que los excluye de la norma general recogida en la Ley de Piedra, Grava y Arena del Reglamento Conjunto de la Junta de Planificación. Por lo tanto, a los proyectos agrícolas no se les aplican los permisos ordinarios de movimiento de corteza terrestre, ni de control de erosión y prevención de sedimentación. Esta realidad jurídica ha sido ignorada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y se niega a reconocer el permiso del Departamento de Agricultura”, reclamó.
Igualmente, Piñeiro Solano, a comentarios de la Comisión, aclaró que lo que fue referido como un zoológico, se trata de animales rumiantes y caballos para propósitos de brindar servicios como la equinoterapia.
Por su parte, la licenciada Lorraine de la Cruz, en calidad de asesora legal de Pollito Pío LLC, así como de la Asociación de Agricultores, explicó el desenlace de una demanda que fue iniciada por el Municipio de Humacao, recurso legal del que desistieron
“El Municipio alegó daños al ambiente. En sus alegaciones, no detallan a qué recursos, dónde, con qué, qué ecosistemas, qué organismos, no se detalla el impacto que están señalando”, explicó la abogada quien, además hizo la distinción entre los permisos que necesita el proyecto para su desarrollo total.
“Es importante que podamos hacer la distinción entre los permisos para desarrollo agrícola y los permisos para construcción de estructuras. El permiso para prácticas agrícolas se concede solamente para hacer prácticas de manejo de suelo, para preparar las fincas para el desarrollo agrícola, por eso es que hace mención de la Ley 140, específicamente de construcción de caminos, arado, rastrillado, banqueado y surcado, no así para construcción de estructuras”, desglosó.
La senadora Rivera Lacén, entre sus intervenciones, cuestionó las acciones que ha tomado el Municipio ante las alegaciones de impacto ambiental.
“Me parece de vital importancia saber qué, si algo, está haciendo el Municipio para seguir con el tema de la protección de este sector, de todo lo que tenga que ver con la reserva y las preocupaciones de la comunidad”, expresó.
Rivera Lacén también expresó preocupación ante la posibilidad de que el proyecto coloque animales en estado de cautiverio y opinó que al escuchar lo que se pretende desarrollar le parece que los diferentes ofrecimientos “pudieran entrar en conflicto unos con otros”.
El proyecto Pollito Pío LLC contempla la creación de una fina agrícola de gallinas ponedoras con 35 ranchos para la producción de huevos, siembra de productos comestibles y un almacén para guardar y distribuir la producción. Además, incluirá un sistema de charcas hidropónicas. Igualmente, a mediano y largo plazo, como parte de la experiencia agroturística, vislumbra que los visitantes puedan pernoctar en casas removibles que se colocarán en una construcción que ocupará una cuerda de terreno. También, propone un área de establos para caballos y una granja de pequeños animales rumiantes o “petting zoo”.
La finca se ubica en predios rodeados por terrenos pertenecientes a la reserva natural.
Sobre la orden de cese y desista
Por su parte, el licenciado Samuel Acosta, en representación de Recursos Naturales, confirmó que existe una orden de cese y desista para paralizar el proyecto, emitida el 19 de noviembre de 2023.
“Los vigilantes visitaron la zona, ordenaron una paralización, se refirió para hacer una revisión técnica, se refirió a la Oficina de Asuntos Legales, está asignada a la licenciada Sotomayor y se está trabajando. El caso está sub judice”, explicó el abogado.
Hay un proceso detenido en la fase de REA en la Oficina de Gerencia de Permisos
En su turno, la directora legal de la Oficina de Gerencia de Permisos, Edmee Zeidan, explicó algunas de las etapas por las que debe pasar un proyecto para su aprobación. Entre ellas, la fase de Recomendación Ambiental o REA, que es un proceso en el que todas las entidades gubernamentales pertinentes a la evaluación del proyecto hacen sus observaciones o recomendaciones.
“Lo que tenemos ante nosotros es una recomendación ambiental ya aprobada. Como se ha detallado aquí, se han presentado una serie de solicitudes, sin embargo, la única adjudicación en los méritos ha sido en relación a la fase de la REA. Es la fase previa a la DEA, que es la aprobación de la discusión de los impactos ambientales de una acción… Esa fase no se ha dado en la agencia”, detalló Zeidan.
El proponente de Pollito Pío LLC no estuvo presente en la vista senatorial, pese a que la senadora Trujillo Plumey aseguró que han hecho esfuerzos de comunicación. Sin embargo, en una entrevista ofrecida a este medio, el agricultor proyectista, Jason Cortez, denunció que es el Municipio de Humacao quien mantiene detenida la fase de responder a las recomendaciones de la REA mediante la fase DEA.
Alegan que el agricultor “no está capacitado” para realizar movimientos en los predios
Al cierre de la sesión, la senadora Trujillo Plumey preguntó de manera directa al último panel compuesto por el licenciado Acosta, la licenciada Zeidan y el planificador José Rivera Santana si el agricultor puede realizar trabajos en sus terrenos.
“¿Está capacitado el proponente a hacer alguna actividad o movimiento dentro del espacio?”, preguntó la senadora. Para propósitos de récord, Zeidan respondió que no.
Los deponentes que participaron de la vista tendrán cinco días para entregar sus ponencias, querellas y expedientes sobre el caso para la evaluación de la Comisión.
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