Los miembros del grupo comunitario “Apoyo a la Reserva Natural de Humacao” coincidieron en la opinión de que el proyecto Pollito Pío LLC y su proponente, el agricultor Jason Cortez, deben ser sancionados. Asimismo, estuvieron de acuerdo en que se les debe ordenar la recuperación del hábitat en los terrenos que, aunque son privados, quedan adyacentes a la zona de conservación.
La posición de los portavoces fue expresada por la bióloga marina Lesbia Montero y por el director ejecutivo del Proyecto PECES, José Javier Oquendo. Junto con ellos, expresaron sus preocupaciones el expresidente de la Asociación de Pescadores de Punta Santiago, Antonio “Tonny” Torres, la propietaria de Water Sports and Eco Tours, Cristina Vázquez, y Rafael Reyes, residente en la urbanización Verde Mar.
La carretera PR-3 en Humacao es una vía que atraviesa un amplio ecosistema compuesto tanto por lagunas como por áreas boscosas y marinas.
Como parte de su plan, el proyecto Pollito Pío LLC, localizado en esa ruta, propone la creación de una granja de gallinas ponedoras con 35 ranchos, un sistema de charcas hidropónicas y un almacén para distribuir la producción. A largo plazo, el concepto plantea ofrecer una experiencia agroturística con alojamiento en casas removibles, un área de establos para caballos y un “petting zoo” de pequeños animales rumiantes.
Una de las principales preocupaciones de la bióloga es la consideración de la apertura de charcas para propósitos hidropónicos. Montero señaló que, si surgieran inundaciones que provocaran el desborde de esos cuerpos de agua, pudiera ocurrir un proceso de eutrofización. Esto se refiere a un aporte de nutrientes externos que, al ser excesivos, resultan en una sobreproducción de algas, las cuales causan una baja demanda de oxígeno, resultando en la mortandad de peces y especies marinas.
“Este proyecto sería magnífico si no estuviera colindando con la reserva natural. Tenemos un habitat primordial en términos de su importancia ecológica que le vamos a estar colocando un proyecto que tiene un alto potencial de contaminación hacia las aguas de las lagunas. Si él (el proponente) estuviese en otro tipo de terreno, con una clasificación diferente, pudiera hacer ese proyecto sin ningún problema”, indicó Montero.
Además, la bióloga cuestionó las razones para realizar movimientos en áreas altas de la finca y la remoción de vegetación y corteza terrestre, pues, aunque se trata de una finca privada, en las áreas boscosas aledañas a la reserva habitan especies como la boa puertorriqueña.
“Yo espero que el Departameto de Recursos Naturales (DRNA) le haga restaurar el área y que los multen… Que vengan y hagan cumplir la ley” , reclamó Montero.
Oquendo opinó de manera similar a la vez que cuestionó la falta de intervención de las agencias gubernamentales pese a las querellas que han sometido.
“Hay que ser categórico con que esta persona está diciendo a la saciedad que está cupliendo con las normas cuando en realidad no está cumpliendo. Allí hubo una remoción de tierra que eso (lo que implica) son violaciones y multas. La pregunta que nosotros nos hacemos a nivel organizativo como PECES y de la comunidad, es si se ha procesado a esta persona a nivel de multas y penalidades” , expresó.
Para los integrantes, la protección de la reserva natural es una misión que los mantiene vigilantes ante el desarrollo de proyectos que, según señalaron, surgen sin notificación o consultas a la comunidad. Además de exponer sus preocupaciones sobre este concepto, mencionaron otras inquietudes por movimientos en Verde Mar y en predios cercanos a lo que anteriormente se conocía como El Caracolillo. Reyes, por ejemplo, denunció la realización de trabajos con máquinas de construcción en horarios nocturnos fuera de las horas laborables o de intervención del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales.
Los portavoces temen, además, que de aprobarse este proyecto, se convierta en una apertura para otros desarrollos de igual o mayor impacto en áreas cercanas a la reserva natural.
“No se trata a esperar que ocurra y que se informe después, la comunidad quiere que se sigan los procesos reglamentarios de ley”, reforzó Oquendo a la vez que resaltó que sus denuncias no son para “problematizar” con el propietario de la finca Pollito Pío LLC, sino, para procurar que se sigan los procesos de ley y que se establezcan desarrollos cónsonos con el medioambiente.
Por su parte, Vázquez, quien a través de su empresa ofrece experiencias de deportes acuáticos dentro de los predios de la Reserva Natural Efraín Archilla Diez, sostuvo que si el proyecto se desarrollara como está planeado, podría complicar el tránsito en esa vía que solo tiene dos carriles, uno en dirección a Humacao y otro hacia Naguabo.
“Con esas villas de uso turístico, si no se trabaja de una forma amena, la comunidad se viene afectado porque nosotros tenemos una vía de tránsito que es así (pequeña) y con un solo accidente que pasa en esa carretera ya nosotros estamos estancados y no tenemos movimiento. De haber un flujo mayor de visitantes en el área ya la carretera se detiene totalmente”, apuntó.
En términos de hospederías, a minutos de la finca donde se ubica el proyecto permanece en desuso el antiguo Centro Vacacional de Humacao, un espacio turístico que no ha sido recuperado desde el huracán María y que contaba con 36 cabañas, 63 villas y un área de casas de remolque.
El expresidente de la Asociación de Pescadores, cuestionó la participación de la comunidad en el proyecto, porque además de un hospedaje para visitantes, el desarrollo también incluiría viviendas para sus desarrolladores. Igualmente, resaltó la competencia que este desarrollo significaría para otros comercios en ese trayecto.
La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado llevó a cabo una audiencia pública el 28 de febrero pasado para abordar las preocupaciones de varias comunidades sobre impactos ambientales. Durante la audiencia, hubo discrepancias entre la parte gubernamental y la representación del proyecto respecto a los requisitos y permisos necesarios. La representación del DRNA señaló que el proyecto enfrenta una orden de cese y desista y que carece de los permisos necesarios para realizar trabajos, una postura que su proponente y la Asociación de Agricultores rechaza.
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